Traducido por Mehmet Siginir, fundador de www.proderechos.org. Agredecemos su colaboración.
El año judicial comienza el 1 de septiembre de cada año en Turquía. El receso judicial que comienza el 20 de julio termina el 1 de septiembre. Dado que el 1 de septiembre de 2019 es domingo, la ceremonia de apertura del Año Judicial tendrá lugar el 2 de septiembre en el Palacio Presidencial. Sin embargo, en vísperas de la ceremonia de apertura, los colegios de abogados turcos se rebelan contra la presión ilegal del Gobierno turco sobre el poder judicial y la profesión jurídica en su conjunto. Más de 50 colegios de abogados, que representan el 95% de todos los abogados turcos, han presentado una demanda ante el Tribunal de Casación por su decisión de celebrar la ceremonia en el palacio de Erdogan. 51 colegios de abogados provinciales, entre ellos Estambul, Ankara, Esmirna, Van y Diyarbakir, han anunciado hasta ahora que rechazarán una invitación para asistir a la ceremonia de apertura del año judicial 2019, que tendrá lugar el 2 de septiembre de 2019. Sólo tres asociaciones han aceptado participar en la ceremonia, según la prensa turca.
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Desde el fallido intento de golpe de Estado de 2016, ha habido una implacable campaña de arrestos que ha tenido como objetivo a nuestros colegas abogados en todo el país. En 77 de las 81 provincias de Turquía, los abogados han sido detenidos, procesados y condenados por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Hasta la fecha, más de 1500 abogados han sido procesados y 599 han sido arrestados. 321 abogados han sido condenados a 2022 años de prisión por pertenencia a una organización terrorista armada o por difundir propaganda terrorista.
14 de los abogados perseguidos son presidentes (o ex presidentes) de sus respectivos colegios de abogados provinciales, por ejemplo; el presidente del Colegio de Abogados de Konya, Fevzi Kayacan, el presidente del Colegio de Abogados de Trabzon, Orhan Öngöz, el presidente del Colegio de Abogados de Siirt, Cemal Acar, el presidente del Colegio de Abogados de Gumushane, Ismail Tastan, fueron detenidos y destituidos ilegalmente. Además, los presidentes de los colegios de abogados de Aksaray y Kahramanmaras, Levent Bozkurt y Vahit Bagci, respectivamente, y los ex presidentes del Colegio de Abogados de Yozgat, Haci Ibis y Fahri Acikgoz, fueron detenidos durante cierto tiempo antes de ser puestos en libertad bajo fianza.
Todos los abogados perseguidos están siendo acusados de delitos relacionados con el terrorismo; las dos principales acusaciones que se les imputan son la pertenencia a una organización terrorista armada y la formación y dirección de una organización terrorista armada.
Los abogados han sido especialmente atacados debido a la identidad o afinidad de sus clientes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha observado una pauta de persecución de los abogados que representan a personas acusadas de delitos de terrorismo, en la que están asociados con las opiniones políticas de sus clientes (o presuntas opiniones políticas) en el desempeño de sus funciones profesionales y, en consecuencia, son enjuiciados por los mismos delitos, o por otros delitos conexos de los que se acusa a sus clientes.
LA INDEPENDENCIA DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS SE HA VISTO MERMADA
En virtud del artículo 135 de la Constitución, los colegios de abogados son órganos profesionales independientes que tienen las características de las instituciones públicas. Sin embargo, mediante el Decreto presidencial Nº 5 (Decreto presidencial sobre la institución de inspección del Estado/Devlet Denetleme Kurumu-DDK, por sus siglas en turco), la Presidencia turca adquirió la autoridad para inspeccionar los colegios de abogados y suspender a su presidente y a los miembros de su consejo de administración (artículo 6). La facultad de la Presidencia turca para suspender a los ejecutivos electos de un colegio de abogados ha menoscabado de manera significativa su independencia.
RESTRICCIONES ILEGALES AL ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO
De conformidad con la Ley Nº 1136 (el Código de Abogados) de prácticas como abogado, o que sirve como juez o fiscal durante al menos cinco años, es, todo aquel que cumple con éxito el admitido a la profesión de abogado. Desde julio de 2016, el Ministerio de Justicia turco ha estado impidiendo que los funcionarios públicos despedidos sean abogados. El Ministerio de Justicia sostiene que los funcionarios públicos despedidos no pueden ser abogados y no pueden ser admitidos a una pasantía como abogados, de conformidad con el artículo del decreto-ley, de la siguiente manera: “Los despedidos en virtud del párrafo 1 dejarán de estar empleados en la administración pública”. Habiendo malinterpretado esta disposición, el Ministerio de Justicia se niega a expedir licencias de abogados a los académicos, jueces y fiscales que fueron despedidos bajo el estado de emergencia.
LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS ABOGADOS SE HA VISTO MERMADA
La represión del Gobierno turco contra los abogados no sólo ha afectado a sus derechos a la libertad y la seguridad, sino también a su libertad de asociación. 34 (de las 1412) asociaciones (oenegés) que operan en 20 provincias diferentes de Turquía que fueron fundadas por abogados fueron disueltas permanentemente bajo decretos del estado de emergencia, todos los bienes de estas oenegés fueron confiscados, sin ninguna compensación. Lo que es peor, casi todos los miembros de estas “asociaciones de abogados” han sido procesados en virtud de las leyes antiterroristas.
VER NUESTRO ÚLTIMO INFORME: PROCESAMIENTO MASIVO DE ABOGADOS EN TURQUÍA
Además, más de 4.500 jueces y fiscales fueron destituidos y posteriormente detenidos. Todavía hay cientos de jueces y fiscales en prisión, de los cuales unos 200 se encuentran en régimen de aislamiento.
Según el informe anual del World Justice Project titulado “Rule of Law Index 2019”, Turquía ocupa el puesto 109 entre 126 países. Turquía ocupa el puesto 122 en términos de “derechos fundamentales” y el 123 en términos de “limitaciones de los poderes gubernamentales” entre 126 países.
Índice del Estado de Derecho de WJP 2019
Traducido por Mehmet Siginir, fundador de www.proderechos.org
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